El libro blanco de la dependencia presentado el pasado mes de junio es Santander, revela que la cifra destinada a la aplicación de la ley de dependencia ascendió a 6420 millones un 0,60% del PIB, que a pesar de ser una cifra elevada de manera práctica se alcanza insuficiente para cubrir las necesidades reales.
Existen grandes diferenticas entre comunidades autónomas, siendo Andalucía, Madrid y Cataluña las que más recursos destinan, pero sin embargo algo sucede en su reparto y aplicación para que como hemos señalado en el párrafo anterior, a pesar de destinar un 0,60% del PIB, esta cifra se muestre como altamente insuficiente.
Concretamente en Cataluña, a causa de los recortes, sobre todo en partidas sociales, no así en otras, ha dejado a cientos de familias al borde del precipicio. Las residencias tienen problemas para cobrar cada mes, se han visto sensiblemente reducidas el número de plazas disponibles, la esperanza de vida hace que cada vez se vaya multiplicando exponencialmente en número de personas dependientes, los centros de días se alcanzan insuficientes así como las horas de atención domiciliaria dispensadas por los ayuntamientos, que en muchas ocasiones se realizan sin aportar soluciones reales a las familias.
Pero además la ley de dependencia queda muy abierta, no fue realmente estudiada en sus necesidades y consecuencias ante una economía con recursos limitados. Ha logrado crear un listado de agravios comparativos entre ciudadanos de comunidades autónomas o incluso ciudades vecinas. Además ha provocado una exclusión objetiva por niveles de renta que no se ajusta a las realidades familiares.
Otros aspectos del estudio han constatado un efecto llamada ligado a la efectividad de los expedientes, del tal manera que aquellas comunidades que resuelvan más rápidamente ven aumentada el número de solicitudes. Por lo que se ve justificada la lentitud que en estos años mantienen todas las comunidades en dar respuesta a las solicitudes.
Así mismo el estudio registra también el papel de los cuidadores informales. Se ha constatado por ejemplo que más d ela mitad de cuidadores informales de pacientes con ictus, sufrieron al gún problema de salud. Además de problemas económicos y familiares que trajeron consigo. Éstos problemas vienen originados por la dedicación el aislamiento y el estrés que puede provocar esta actividad a los cuidadores informales, los cuales suelen ser familiares o personas no formadas.
Sin lugar a dudas la ley de dependencia debería tratar este problema como mayor concreción y acotar las ayudas, objetivarlas y permitir una mayor eficiencia en el reparto, de manera que no únicamente sea una reducción de recursos sino todo lo contrario, una mayor efectividad en el reparto. Para las familias tanto en su salud como económicamente, aunque pueda parecer una paradoja es más eficiente la contratación de profesionales que su renuncia al trabajo y al cuidado del resto de la familia, para destinar su tiempo a la atención de la persona dependiente.